Con la reforma del procedimiento de familia en el año 2006, trajo consigo grandes cambios en cuanto a la concepción de las personas que buscaban que se diera tal protección, como además la concordancia con las normas sobre materias de familia en el ámbito internacional.
Uno de estos cambios es en cuanto a la importancia que tienen ciertos sujetos de carácter vulnerable por su condición en la sociedad: los niños, niñas y adolescentes.
En la ley número 19.968, que Crea los Tribunales de Familia, crea el procedimiento especial de medida de protección que tiene por finalidad que se proteja a los niñas, niños y adolescentes cuando la ley así permita o exija la intervención judicial, con la finalidad de interrumpir aquellas acciones u omisiones que estarían vulnerando a dichos sujetos.
El procedimiento puede iniciarse por aquellas que la norma señala, pero en general, puede hacerlo cualquier persona que tenga interés en ello, es decir, existe una amplia legitimidad para iniciar una medida de protección: vecino, tío, hermana, profesor, o un espectador de un hecho de vulneración, por medio de la denuncia.
En cuanto al procedimiento, si bien sigue las reglas básicas de los procedimientos en familia, tiene el carácter de desformalizado, es decir, no seguirá la ritualidad del procedimiento ordinario, sino que se va a desarrollar en atención a la urgencia y necesidad del procedimiento.
Aun cuando se permite la comparecencia sin abogado, de igual forma es complejo, en cuanto a que es poco habitual que ello suceda, por lo que se recomienda de que se busque asesoría letrada, para recibir la orientación necesaria como de las consecuencias de las medidas que sean aplicadas.
En este procedimiento la importancia central son los niños, niñas y adolescentes.
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